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Enfoque

UN HORIZONTE CONJUNTO: Las víctimas trazan su propia agenda

Por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

paz y justicia

Ilustración: Marion Fayole

Ilustración: Marion Fayole

Las víctimas de este país no se quedan con los brazos cruzados. Desde hace unos años se han embarcado en la construcción colectiva de una agenda común, aterrizada en líneas de acción que pretenden trazar un horizonte para ellos, para sus familias y para sus comunidades. Desde su conocimiento del contexto y experiencia propia, numerosas organizaciones de víctimas han intercambiado sus saberes con el fin de encontrar puntos de encuentro en cada uno de los temas que se consideran determinantes para su futuro. Humanum Colombia les trae esta propuesta de agenda, que busca la reivindicación de los derechos de las víctimas  del conflicto armado colombiano, donde se destacan temas como desaparición forzada, violencia sexual y memoria histórica, entre otros. 

victimas3A través de un ejercicio de varios años, un número importante de organizaciones de víctimas se han reunido para construir una hoja de ruta que responda a sus intereses en materia de prevención, visibilización, lucha contra la impunidad, acompañamiento a las víctimas e incidencia política. La implementación de esta agenda, como todos los acuerdos encaminados hacia un posconflicto, impondrá retos importantes para el gobierno, las redes comunitarias y la cooperación internacional.

A continuación los 8 puntos de la agenda de trabajo:

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  1. Desaparición Forzada.
  2. Protección y Autoprotección.
  3. Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado.
  4. Tierras y Territorio.
  5. Atención Psicosocial.
  6. Finalización del Conflicto.
  7. Reclutamiento Forzado.
  8. Memoria Histórica.

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El delito de desaparición forzada es una prioridad para las víctimas y sus organizaciones. Para abordarlo, manifiestan la importancia de seguir trabajando en incidencia, visibilización, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia. Las siguientes son las líneas generales de acción:

Justicia:

  • Castigar a los responsables de este delito en los distintos niveles de su autoría.
  • Construir veedurías y sistemas de monitoreo para el cumplimiento efectivo de la de la Ley 1408 y las sentencias ligadas a ella.

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Implementar una estrategia comunicativa que permita la difusión de la Ley 1408 de 2010[1], así como difundir la magnitud y gravedad de este delito.  
  • Levantar formación a líderes y lideresas de organizaciones y sociedad civil para documentar los casos de personas desaparecidas.
  • Crear del banco de perfiles genéticos (de cumplimiento de la Ley 1408 de 2010).
  • Evitar la recurrencia del delito de desaparición forzada, por tanto es urgente activar todas las rutas y la información sobre las entidades a las que deben recurrir las víctimas. La implementación de estas rutas debe evitar las revictimizaciones en cada una de sus etapas.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Estructurar una política pública para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
  • La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD)[2] debe articularse de manera constante con las organizaciones de víctimas y sus iniciativas de acuerdo con los contextos territoriales.
  • Recibir acompañamiento en procesos de sensibilización y de socialización del delito de desaparición forzada desde las víctimas y para las víctimas, para los funcionarios e instituciones (Comités Temáticos, creados por la Ley 1448 deben apoyar dicha tarea).

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Ambos aspectos representan un desafío fundamental para las víctimas no sólo porque aún persisten las amenazas y riesgos para líderes y lideresas, sino porque también con ambos conceptos se articulan todos los demás temas incluidos en la agenda. El desarrollo propio de los liderazgos y las estrategias de exigibilidad de derechos requiere de un escenario no violento para su ocurrencia. A nivel institucional, los aportes de las organizaciones de víctimas desde los territorios representan insumos importantísimos para la implementación de medidas de protección, para la construcción de las cartografías sociales del riesgo etc. Las siguientes son las líneas generales de acción:

Justicia:

  • Brindar asesoría jurídica a las organizaciones de víctimas en materia de protección.
  • Velar por el cumplimiento de los Decretos en el marco de protección a mujeres y defensores de derechos humanos.
  • Realizar un seguimiento permanente a lo dispuesto por la Corte Constitucional en materia de protección para líderes y lideresas de organizaciones y sociedad civil en general.

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Establecer canales y redes de comunicación desde el territorio con el nivel nacional para dar a conocer las situaciones de riesgo. Es necesario identificar rutas y herramientas específicas para cada territorio (códigos al hablar, mensajes simbólicos etc).
  • Mapear las estrategias de autoprotección que se han implementado en cada uno de los territorios e identificar barreras, obstáculos e inconvenientes junto con estrategias para solventarlos y fortalecer lazos regionales y territoriales en materia de autoprotección.
  • Documentar y visibilizar casos en los que el Estado no está generando una repuesta adecuada y presentar propuestas que mejoren la misma.

Desarrollo de capacidades:

  • Generar estrategias para fortalecer las organizaciones de víctimas a través de capacitación y réplica en materia de autoprotección y rutas de protección.
  • Identificar herramientas de alerta preventivas por parte de los territorios (sirenas, campañas, bocinas, etc.).
  • Diseñar medidas de sensibilización para el acercamiento a las temáticas del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

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Existe una necesidad clara por parte de los líderes y lideresas de estas organizaciones de profundizar en el tema de violencia sexual en el marco del conflicto. Visibilizar a las víctimas, sensibilizar a la sociedad en general sobre su existencia, exponer sus efectos y conocer los mecanismos de atención con miras a exigir una reparación eficaz y oportuna, son parte de los esfuerzos en los que se hace acento. Las líneas generales de acción son las siguientes:

Justicia:

  • Garantizar confidencialidad en los procesos y en funcionarios públicos sobre el delito de Violencia sexual en el marco del conflicto.
  • Continuar con el apoyo para la capacitación a víctimas y organizaciones para identificar estrategias de acceso a la justicia.
  • Crear espacios privados para la recepción de denuncias, acompañados de una estrategia pedagógica que elimine imaginarios sociales y patrones culturales que limitan el acceso a la justicia por parte de víctimas.
  • La justicia transicional debe reconocer la verdad de las víctimas de violencia sexual y señalar mecanismos explícitos para la reparación integral.
  • Exigir el cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional en temas relativos al delito de violencia sexual en el marco del conflicto como aborto, seguridad, protección y autoprotección.

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Diseñar una estrategia de comunicaciones con campañas pedagógicas locales y nacionales y una estrategia de sensibilización dirigida a funcionarios públicos, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Crear conciencia sobre la violencia sexual como un delito político, sistemático y generalizado.
  • Evitar la exclusión social a las víctimas del delito de violencia sexual en sus comunidades, familias, organizaciones etc.
  • Continuar con la documentación de casos por parte de las organizaciones de víctimas y generar una agenda que sistematice dicho proceso y que contenga las exigencias de las víctimas en esta materia.
  • Reconocer condición de víctimas a niños y niñas que son fruto de violencia sexual en el marco del conflicto.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Priorizar el enfoque diferencial y el enfoque de género en toda política, disposición, programa y directriz. Es necesario tener presente en todas las acciones las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena y campesina, así como establecer el vínculo relacional con la diversidad étnica y cultural, el ciclo vital, la edad etc.
  • Elaborar un documento dirigido a instituciones del Estado que recomiende el perfil de los funcionarios responsables de la atención y reparación a las víctimas del delito de violencia sexual en el marco del conflicto.
  • Realizar cabildeo ante el Congreso de la Republica con miras al Proyecto de Ley de violencia sexual como delito de lesa humanidad.
  • Realizar acciones de incidencia para que Fiscalía ante la Fiscalía General de la Nación expida el protocolo sobre violencia sexual establecido en el marco de la Ley 1448 de 2011.
  • Promover acompañamiento psicosocial para las víctimas a nivel individual, familiar y comunitario, así como generar espacios de apoyo y trabajo en red.
  • Brindar protección y seguridad para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que acceden a la justicia.
  • Estructurar tratamientos adecuados y oportunos para las enfermedades de transmisión sexual y para la atención psicosocial de las víctimas de este delito.

Desarrollo de capacidades:

  • Desarrollar instrumentos pedagógicos para la identificación del delito (no solo el acceso carnal violento como acto de violencia, sino también hacer visibles los actos sexuales abusivos) en el marco del conflicto armado.
  • Generar insumos, espacios y herramientas para identificar el contexto del delito de violencia sexual en el marco del conflicto.
  • Dar capacitación y apoyo a los Comités Temáticos de violencia sexual constituidos en las mesas de participación de víctimas.

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Aquí se incluyen muchos de los aspectos esenciales del acompañamiento a víctimas y sus organizaciones en los procesos de restitución y en general en las rutas de atención. De nuevo, la garantía de no repetición para los reclamantes de tierras es un tema inherente a su tratamiento. A continuación se describen sus líneas de acción:

Justicia:

  • Realizar rendición de cuentas respecto de los procesos de restitución y de las garantías de protección para los reclamantes en los territorios.
  • Hacer seguimiento al cumplimiento de sentencias a los victimarios, especialmente a los autores del despojo.
  • Garantizar los derechos territoriales con un efectivo saneamiento de territorios, en consulta previa e informando eventuales riesgos fruto del proceso de paz.

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Respetar los procesos de autonomía, resistencia, soberanía y seguridad alimentaria
  • Caracterizar los conflictos, identificar casos emblemáticos y documentar casos para la exigibilidad de los derechos relativos a la restitución.
  • Realizar audiencias públicas para visibilizar la problemática de tierras, el retorno y la restitución.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Implementar medidas para la restitución de tierras y conflictos derivados de la restitución.
  • Abordar el tema de tierras desde el enfoque diferencial, respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas y la visión territorial de las víctimas en términos de acceso y uso de la tierra, y de los procesos de retorno y reubicación.
  • Realizar seguimiento a los procesos de formalización de propiedad, a los procesos de tierras entregadas por el INCODER y Ley 160 asegurando entre otros, los derechos de las mujeres.
  • Implementar políticas para frenar el despojo que genera el uso del subsuelo y para solucionar las violaciones de derechos humanos que ello conlleva.

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Las víctimas y sus organizaciones consideran la atención psicosocial como un tema en el que se deben señalar lineamientos concretos para cada uno de los 7 temas restantes de esta agenda. Dentro de la atención psicosocial se incluye la reparación integral, por considerar que en sus aspectos generales se pueden abordar los principales puntos de la misma. Las siguientes son sus líneas de acción:

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Promover el trabajo en red para la difusión de información sobre los programas institucionales para la atención psicosocial de las víctimas del conflicto.
  • Difundir entre las instituciones sobre las acciones que realizan las organizaciones y legitimar a aquellas que realizan una labor de atención psicosocial a las víctimas.
  • Generar espacios de reflexión en materia de atención psicosocial en los territorios.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Diseñar mecanismos que sirvan de puente entre víctimas e instituciones para el acceso a los programas.
  • Sistematizar acciones para dar asistencia a las víctimas, de manera que se creen protocolos eficientes para tal fin.
  • Impulsar la creación e implementación de centros de escucha para las víctimas.
  • Vincular el tema de atención psicosocial en las Mesas de Participación en sus distintos niveles.
  • Hacer seguimiento e incidir sobre los programas institucionales partiendo de los saberes y conocimientos de las organizaciones de víctimas.

Desarrollo de capacidades

  • Dotar de herramientas a los distintos funcionarios responsables de la atención y reparación a las víctimas para que puedan brindar una adecuada atención desde el enfoque psicosocial.
  • Capacitar a líderes y lideresas de organizaciones de víctimas para ejercer ayudas de emergencia como primeros auxilios psicosociales (formación de “terapeutas populares”).
  • Realizar seguimiento a nivel organizativo de las acciones y los procesos de cualificación a líderes y lideresas en materia de atención p
  • Capacitación a funcionarios para brindar primeros auxilios psicosociales.
  • Incidencia en los Comités de Justicia Transicional (CJT) para actualizar los Planes de Atención Territorial (PATS) de acuerdo a los diagnósticos que señala el Plan de Atención Psicosocial Integral para Víctimas (PAPSIVI).
  • Es necesaria la articulación entre organizaciones de víctimas e instituciones para la identificación de casos de especial atención.

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El tema de finalización del conflicto surge como un referente necesario para las víctimas y sus organizaciones no sólo por la actual coyuntura, sino también porque representa aspectos en los que en un mediano plazo las organizaciones trabajaran activamente desde sus territorios para la construcción de la paz verdadera y sostenible. El tema se trató desde dos momentos y sus líneas de acción se describen a continuación:

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Apoyar la participación activa y la promoción de un ambiente favorable.
  • Visibilizar (hacer oír) las ideas y propuestas de las organizaciones de víctimas en relación con la defensa de los derechos a la verdad, justicia y reparación con el fin de avanzar en la construcción de la paz y la convivencia.
  • Impulsar acciones para construir una cultura de convivencia que facilite el desmonte la violencia y sus imaginarios, así como brindar apoyo y orientación a los procesos de reconstrucción del tejido social, de manera integral y permanente.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Apoyar el proceso para la solución negociada del conflicto
  • Generar reflexiones del grupo donde la idea de reconciliación y convivencia se consideren como una salida al conflicto

Desarrollo de Capacidades:

  • Adelantar ejercicios pedagógicos (reflexión y debate) para sensibilizar frente a la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.

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Para las organizaciones de víctimas el reclutamiento forzado hace parte de las dinámicas del conflicto y a nivel territorial, es necesario tratarlo por su magnitud y por sus evidencias tangibles. Si bien en la agenda del 2010 no se había materializado, en esta segunda versión fue explícita su inclusión así como la importancia de sensibilizar, socializar y encontrar rutas desde la institucionalidad para su tratamiento. Sus líneas generales de acción son:

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Realizar intercambios de experiencias y saberes entre equipos promotores en materia de reclutamiento forzado.
  • Realizar diálogos con la institucionalidad, para abrir espacios para la incidencia en políticas públicas.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Trabajar hacia el fortalecimiento organizativo en aras de que las víctimas y sus organizaciones cuenten con herramientas jurídicas para que se puedan cualificar para construir una ruta de atención en esta materia.
  • Crear un protocolo de devolución de niños y niñas en procesos de desmovilización.

Desarrollo de capacidades:

  • Trabajar con docentes y formadores para que conozcan la Ley de Víctimas y el tema de reclutamiento forzado.

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La memoria histórica es un tema de interés predominante y cuenta con diferentes enfoques desde cada territorio. Para los líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas la memoria es un aporte para la construcción de una verdad no  formal y sigue siendo fundamental su tratamiento desde sus distintas facciones, aspectos y manifestaciones. Estas son las líneas generales de acción en memoria histórica:

Justicia:

  • Crear de una comisión de la verdad que contribuya a la construcción de la verdad y la justicia, por exigencia y a solicitud de la sociedad civil, con garantías de participación de las víctimas.

Levantamiento de información, concientización y comunicación:

  • Realizar un diagnóstico de la situación de las víctimas, documentación de casos, recopilación de información, levantamiento, conservación y clasificación de información y documentos que incluyan manifestaciones artísticas como la música, cultura, pintura por medio de investigación, archivos periodísticos, documentación de casos.
  • Formular una estrategia de divulgación y visibilización de la memoria histórica que se difunda con la academia, colegios, parques, centros de salud etc. Se requiere la identificación de espacios adecuados que garanticen la participación de las víctimas y su seguridad para este propósito.
  • Garantizar que las víctimas participen en la estrategia de difusión para que niños y jóvenes conozcan la importancia del tema.
  • Otorgar manejo y propiedad a las víctimas y sus redes de la información en materia de memoria histórica y de sus iniciativas.

Acompañamiento, articulación e incidencia:

  • Crear espacios de incidencia con la participación de las víctimas para dar a conocer dicha información para visibilizarla a nivel social, con la institucionalidad, con la comunidad internacional, y con los medios de comunicación.
  • Articulación con diversas instituciones y con el Centro Nacional de Memoria Histórica para la visibilización y puesta en marcha regional.
  • Generar espacios en las subregiones para la discusión de este tema y deben ser el inicio de un gran debate nacional en esta materia.
  • Creación de espacios de incidencia para dar a conocer todo lo que se produce dentro del proceso, a nivel local, regional y nacional.

Desarrollo de capacidades:

  • Construir herramientas educativas que contribuyan a situar la memoria histórica como un elemento pedagógico para el cambio de imaginarios en la comunidad.
  • Conceptualizar algunos criterios sobre memoria histórica por parte de las organizaciones y víctimas de la red para el conocimiento, empoderamiento y la exigibilidad de derechos a través de formación directa

 

Notas:

[1] Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Ver más aquí

[2]  Recientemente, como está contemplado en el Acuerdo Humanitario sobre personas desaparecidas suscrito por las delegaciones de paz en La Habana, el 17 de octubre de 2015: Acuerdo #62, se recomienda entre otros aspectos crear un unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la creación de una Mesa Nacional de Desaparecidos que contribuya al ejercicio de gestión de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

A través del Fondo de Justicia Transicional, la cooperación internacional y las instituciones colombianas han  desarrollado, desde el año 2008, una estrategia de armonización y coordinación de la cooperación internacional en materia de verdad, justicia y reparación, como uno de sus objetivos principales. Su propósito era sostener un diálogo permanente y propositivo con las organizaciones de la sociedad civil y más concretamente con las organizaciones de víctimas. Se reunieron cientos de líderes y lideresas representantes de organizaciones de víctimas y organizaciones acompañantes, articuladas en el Proceso de Fortalecimiento y Articulación de Redes Territoriales de víctimas desde 2008 en 21 territorios.

Para mayor información, contactar a Isabel Albaladejo Escribano, Coordinadora del Fondo de Justicia Tradicional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a isabel.albaladejo@undp.org

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